En 1959, las Naciones Unidas aprobaron la Declaración de los Derechos del Niño con el objetivo de reconocer 10 principios fundamentales para garantizar el bienestar y el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. Este instrumento fue la base de lo que 30 años más tarde, se convertiría en la Convención sobre los Derechos del Niño.

El 20 de noviembre de 1989, la Asamblea de las Naciones Unidas la adoptó de manera unánime y a partir de 1990 entró en vigor. Desde entonces, 192 países la han firmado y ratificado, y se ha convertido en una herramienta legal de cumplimiento obligatorio para los Estados.

La Convención recoge 54 artículos relacionados a derechos civiles, políticos, económicos y culturales. Su aprobación supuso el reconocimiento del niño y la niña como sujetos titulares de derechos, y les otorgó una protección especial y reforzada debido a su condición de personas en desarrollo y crecimiento.

Dentro del marco de la Convención, existe un Comité de los Derechos del Niño, quien supervisa su aplicación y la de tres Protocolos Facultativos, que han sido desarrollados sobre temas específicos. El primer protocolo es sobre la participación de niños en conflictos armados; el segundo es acerca de la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía; y el tercero es un procedimiento de denuncias ante el Comité.